Una decisión acertada dentro de un mar de malas: Los casos contra Monsanto (Bayer)

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Fotografía del Tribunal Supremo de Estados Unidos desde el 2022. Fotografía formal de los miembros del Tribunal Supremo e los Estados Unidos en la que están los jueces: Sonia Sotomayor, Clarence Thomas, juez presidente John G. Roberts, Jr., Samuel A. Alito, Elena Kagan, Amy Coney Barrett, Neil M. Gorsuch, Brett M. Kavanaugh y Ketanji Brown Jackson.
Fotografía formal de los miembros del Tribunal Supremo e los Estados Unidos en la que están los jueces (de izquierda a derecha, y de abajo hacia arriba): Sonia Sotomayor, Clarence Thomas, juez presidente John G. Roberts, Jr., Samuel A. Alito, Elena Kagan, Amy Coney Barrett, Neil M. Gorsuch, Brett M. Kavanaugh y Ketanji Brown Jackson. Foto cortesía de Fred Schilling, y la Colección del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Índice de temas

  1. La noticia y la prensa
  2. La realidad del derecho de daños
  3. El trasfondo de las demandas contra Monsanto
  4. Decisión del Tribunal Supremo
  5. Reflexión final
  6. Referencias

La noticia y la prensa

Recientemente, el jueves 25 de junio de 2026, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tomó una decisión 7 a 2 que hizo noticias alrededor del mundo: Detuvo miles de demandas contra la empresa Monsanto (hoy Bayer) por no incluir un aviso de que hay estudios que han determinado que el glifosato es un probable cancerígeno. He aquí una muestra del espectro político, comenzando por los noticieros o portales activistas de más extrema izquierda hasta la extrema derecha:

Si ven una sobreabundancia de titulares de noticieros en inglés y pocos en español, es que, por alguna razón, muchos de ellos no han reaccionado. En la izquierda hispanohablante no encontré muchas noticias, especialmente en los portales más militantes. Sin embargo, me sorprendió más en el caso de portales de la derecha; me desconcertó no encontrar en absoluto ninguna noticia al respecto en varios de ellos, con excepción de Newsmax y Breitbart, que ya son bastante extremos. Ni tan siquiera FOX News publicó nada al respecto en su portal.

Podemos notar que la actitud del espectro político, especialmente en los Estados Unidos, no es uniforme en un lado o del otro. En la extrema izquierda y en la extrema derecha hay marcadas tendencias anticorporativas y sus posturas se intersecan mucho en relación con temas como este.

Un ejemplo de esto es el movimiento Make America Healthy Again (MAHA). En muchos casos, la gente de estos grupos proviene de la izquierda ambientalista que se opone al uso del glifosato. Esta votó por el presidente Trump porque Robert F. Kennedy, Jr. lo respaldó. De esta manera, albergaron esperanzas en muchos de sus fines: como restringir el uso de las vacunas, el acetaminofén, el aspartamo y el Gardasil; incentivar el uso de la ivermectina y la hidroxicloroquina como remedios para el COVID, el cáncer y otras enfermedades; y promover productos “naturales”, entre otros. Ni Newsmax ni Breitbart parecen ser de la corriente del movimiento MAHA, sino que favorecen medidas que tienden más a los ideales del presidente actual de los Estados Unidos, que, en la práctica, es una suerte de corporativismo muy exótico, cuya base es, irónicamente, anticorporativista y antiestatista.

Ahora bien, en relación con nuestro tema, el Tribunal Supremo, especialmente donde prevalece un sector notablemente conservador, ha estado tomando decisiones controversiales desde hace algunos años. Por ejemplo, he escrito sobre algunas de ellas dirigidas a socavar la separación de Iglesia y Estado, además de debilitar el Estado de derechos. Otros más recientes son particularmente preocupantes, ya que le dan al presidente más potestad para ir erosionando los derechos y el bienestar de ciertas personas, especialmente aquellas que no son ciudadanas de los Estados Unidos, pero que están allí legalmente. Asimismo, hace algunas movidas muy afines a las causas asociadas al Partido Republicano. He aquí varios ejemplos:

  • El Tribunal Supremo permite que el presidente termine la protección legal de refugiados haitianos y sirios (Mullin v. Doe). Es llamativo que, en esa decisión, el juez Alito le restó importancia a las declaraciones del presidente (cuando era candidato) de que los haitianos se comían perros y gatos en un vecindario, excluyendo el racismo como razón para ello. Estas alegaciones del candidato Trump se han desmontado en la red.
  • El Tribunal Supremo permite que el presidente establezca límites al número de personas que piden asilo (Mullin v. Al Otro Lado).
  • El Tribunal Supremo decide a favor de la decisión de la administración Trump (y… ¡ojo! la administración de Barack Obama) de poner en probatoria migratoria a una persona que se declaró culpable por razones legales, pero de la que las autoridades no pudieron mostrar evidencia alguna en los tribunales (Blanche v. Lau).
  • El Tribunal Supremo terminó con una ley hawaiana que les requería permisos a los dueños de armas para portarlas legalmente (Wolford et al v. López).

Estas decisiones se han dado en días recientes. El caso que nos concierne, Monsanto v. Durnell, se da dentro de este contexto; a veces se han reportado junto a estos otros, y puede ser que el público lo lea en términos puramente político-partidistas.

La ironía es que, lo más probable, no se trate de divisiones ideológicas en esta instancia.

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La realidad del derecho de daños

Abogado ante un tribunal

Demos un poco el trasfondo en el que se da este caso. El derecho de daños (tort law) es un componente esencial de una sociedad libre. Provee un mecanismo mediante el cual los ciudadanos pueden enfrentarse a daños causados por terceros; en algunos casos, algunos de estos terceros son corporaciones.

Ahora bien, los abogados conocen mucho mejor el ambiente y las realidades en el ámbito del derecho. Pero en el lado de la gente de a pie, la manera en que se suele imaginar el funcionamiento del derecho de daños es la película Erin Brockovich, protagonizada por Julia Roberts. A todos nos encanta un relato tipo David contra Goliat, en el que una modesta firma de derecho de daños logra vencer en los tribunales a una corporación gigantesca. Ahora bien, en el mundo real, las cosas no son tan sencillas. Por las siguientes razones:

  • Una de las razones por las que mucha de la gente genuinamente inocente se declara culpable es, en ocasiones, por cálculo costo-beneficio (en el sentido amplio). Esto es cierto en el caso de las corporaciones y del ciudadano promedio. Los acuerdos tras bastidores no implican culpabilidad, sino que a veces ambas partes negocian para evitar un costoso proceso judicial. A veces, estas estrategias son mucho más provechosas y eficientes que el dictamen de un gobierno, de una agencia federal o estatal, o un juez (Coase 1959; Coase 1960).
  • Lo que diré lo saben todos los abogados, sin excepción: Muchas veces, cuando una de las partes gana, depende en gran medida del tipo de estrategia que se emplee según las disposiciones de ley que le permiten a una de ellas ganar un caso. En tal caso, no es solo el tipo de evidencia que se presente, sino de la retórica, de lo que la ley permite que se presente, de los procedimientos, de la manera en que los abogados interpretan todo lo que se presenta, etc. Es decir, una parte considerable de lo que ocurre en los tribunales es “performance“; es “espectáculo” para un jurado o un juez.
  • Finalmente, bastante de lo que se presente como evidencia no solo depende de las reglas, sino también de los jueces: cuando ellos determinan que son admisibles o no. Y, desgraciadamente, no todos los jueces saben decidir con sensatez, racionalidad, lógica, etc. lo que debe admitirse como evidencia.

Como pueden ver, esto es un asunto bastante complejo. El estándar que mucha gente adopta cuando se ven demandas como las de Monsanto o, ahora, Bayer, es una imagen de una compañía con “historial complejo” (por ponerlo fino), y lo que el público sabe no necesariamente corresponde a los hechos. Ergo, se asume que tiene que ser “el malo de la película”, mientras que los demandantes deben ser “las víctimas”. El componente que falta en todo esto es precisamente las firmas de derechos de daños (tort firms). Estas usualmente son empresas con fin de lucro, y hay abogados que viven de eso. Y por ese criterio, muchos de ellos hacen justicia; pero también están los que no … que lo que quieren realmente es el dinero.

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El trasfondo de las demandas contra Monsanto

¿Juicio a Monsanto?

La ola de demandas contra Monsanto no proviene de la nada. Es algo explícitamente concertado contra la compañía, utilizando como recurso ciertos estudios, especialmente uno publicado en 2015 por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), una rama de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El estudio de la IARC se centra en el glifosato, que es el componente activo de muchos productos Roundup. El texto dice que hay pruebas suficientes para clasificar al glifosato como “2A”, lo que significa que es un “probable carcinógeno”. Esto se debe a que se encontró evidencia limitada de que causa linfoma no hodgkiniano. Sin embargo, reconoce que esta evidencia no es sólida y que muestra solo una “tendencia” relacionada con las dosis en roedores. Tampoco el grupo proveyó alguna hipótesis sobre cuáles eran los mecanismos para que esto ocurriera.

Le dediqué todo un análisis a la publicación de la IARC, así que no lloveré sobre lo mojado. Es suficiente mencionar que la mayoría de la comunidad científica, así como todas las agencias de seguridad y salud más reconocidas del mundo, están de acuerdo en que la evaluación de peligrosidad realizada por la IARC es incorrecta. De entre estas agencias, están también la OMS y la Organización para los Alimentos y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), que conjuntamente rechazaron implícitamente las conclusiones de la IARC. Estudios posteriores, muy especialmente un estudio de cohorte, financiado con fondos públicos (no por corporaciones), corroboró que no había evidencia alguna de que el glifosato fuera carcinógeno. Otros artículos científicos (como, por ejemplo, este) que incorporan estos hallazgos llegan a la misma conclusión. Para todos los efectos, esta postura representa el consenso de la comunidad científica.

Ahora bien, eso no ha detenido a algunas firmas de querer aprovechar la situación para ganar millones. De hecho, el primero en hacerlo fue la firma del ahora Secretario de Salud de los Estados Unidos, Robert F. Kennedy, Jr. En un caso que llevó contra Monsanto, ganó $290 millones a favor de su cliente DeWayne Johnson bajo el alegato de que el uso del herbicida Roundup llevó a que su cliente tuviera cáncer. He hablado de este caso en otro lugar del blog.

Tras este triunfo, comenzó una avalancha de casos de alegatos de que el uso de la misma sustancia probablemente indujo a algunos clientes a tener linfoma no hodgkiniano. El denominador común eraa el estudio de la IARC, que determinó que el glifosato era probable cancerígeno. No obstante ello, en varias ocasiones, la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) había hecho algunos de los estudios correspondientes, ha evaluado el grueso de la evidencia acumulada y llega a la conclusión de que no hay datos debidamente cualificados que la lleven a la conclusión de que el glifosato sea carcinógeno.

Botella del producto Roundup sobre un pequeño terreno.
Foto cortesía de Jonathan Cooper.

Varios estados de la Unión hicieron sus respectivas leyes de regulación para la etiquetación de productos considerados tóxicos o carcinógenos. A la luz de la IARC, varios de ellos le exigieron a Monsanto que colocara una etiqueta declarando que su producto era un “probable cancerígeno”. Monsanto y ahora Bayer, respondía correctamente que la EPA había determinado que el glifosato no era cancerígeno y, por ende, no debía llevar ninguna etiqueta. Es más, la Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (FIFRA), como ley federal, solamente exige que se etiquete un producto como cancerígeno si así lo determina la EPA y que los estados no podían estar por encima de esa determinación. Esto propició las demandas de personas que entendían que fueron perjudicadas por la falta de la etiqueta debido a que no fueron debidamente advertidas. Esto llevó a cerca de 100,000 demandas.

Hubo varias cosas en los reportajes que la prensa en general no informó. Por ejemplo, algunos de los asesores de la IARC fueron contratados por estas firmas para testificar en contra de Monsanto; y algunos consultores partidarios de la industria orgánica que testificaron contra la empresa llegaron a ganar más de $1 millón. Personalmente, no voy a evaluar si hubo malicia detrás de esto. Tampoco pretenderé que estas cosas se hagan “gratis”; el proceso adversarial en los tribunales es muy costoso y el tiempo de un experto es bien importante. Lo único que quiero mostrar son los datos que indican que las firmas que llevaron estos casos y muchos de los testigos, algunos de ellos asociados con la IARC, tenían muchísimo que ganar. Y, en caso de que las intenciones fueran menos que nobles, es posible que explotaran las desgracias de muchos de sus clientes para ganar dinero.

Si esto último es correcto, no es algo que deba fomentarse, por más que se quiera atacar a las compañías, porque el resultado es que se deja de brindar un producto de calidad y una excelente tecnología, que podría sustituirse por otras peores. Eso no redunda en el bienestar público.

Lo que nos concierne es que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos acaba de detener cerca de una decena de miles de demandas. Esta vez, el caso que llegó a sus manos es el de una presunta víctima, John L. Durnell. Según él (o la firma que lo representa), el uso del producto Roundup por veinte años le llevó a ser víctima de linfoma no hodgkiniano.

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Decisión del Tribunal Supremo

Fotografía de un tribunal

La decisión del Tribunal a favor de Monsanto fue mayoritaria y no estrictamente ideológica. Por ejemplo, la jueza puertorriqueña Sonia Sotomayor y Elena Kagan, ambas nombradas por un presidente demócrata, decidieron a favor de Monsanto, mientras que Neil Gorsuch, designado por Trump, resolvió en contra. La otra persona que no concurrió con la mayoría fue Ketanji Brown Jackson, designada por Joe Biden.

La mayoría decidió que la FIFRA determina que debe etiquetarse de acuerdo con los hallazgos de la EPA, y que los estados no tienen el poder de legislar algo distinto a eso. De esa manera, se requiere que Monsanto opere según la determinación de la EPA y no según las leyes estatales que contravengan la normativa federal. De lo contrario, Monsanto hubiera estado en violación de la ley. Asimismo, desde el mismo comienzo de la decisión, dice el texto lo siguiente:

The EPA has repeatedly evaluated glyphosate and repeatedly concluded that glyphosate is not likely to cause cancer. EPA’s assessment is shared by many other regulatory bodies around the world. In accordance with EPA’s view that glyphosate is not likely to cause cancer in humans, EPA has not required labels on glyphosate-based pesticides like Roundup to include a cancer warning.

Así, virtualmente todas las miles de demandas que se basan en leyes estatales acaban de tener un golpe contundente.

Ahora bien, como el juez Gorsuch se unió a la opinión disidente de la jueza Jackson, me dio curiosidad por explorar su perspectiva. Ella dice que los tribunales de instancias inferiores no aceptan la postura de Monsanto: el Tribunal debió haber tomado en cuenta estas decisiones al rechazar la razón legal de la empresa para omitir el etiquetado. Argumenta que la mayoría no entiende los debidos límites de FIFRA, llevando a que Durnell no tuviera su justo remedio por “los daños significativos que sufrió” (the significant harms he has suffered). Para ella, la falta de evidencia de que el glifosato sea cancerígeno según la EPA no implica que Monsanto deba incumplir con las leyes estatales. La FIFRA no obliga a ninguna empresa en ese sentido a menos que la EPA halle que la sustancia sea cancerígena, genotóxica o mutagénica. En fin, la ley de Misuri, donde se radicó la demanda original, imita la ley FIFRA, así que no añade nada nuevo.

No voy a opinar sobre esta apreciación de la jueza Jackson, debido a que desconozco los pormenores de las leyes federales. Solo me limito a señalar lo que dice la opinión mayoritaria justo al comienzo. Los hallazgos de la EPA son exactamente los mismos de la inmensa mayoría de los cuerpos regulatorios del mundo, y añado, con la deshonrosa excepción de uno, la IARC, cuya monografía es la base de todo este drama.

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Reflexión final

Como muchas veces les he insistido, en otros artículos y me repito en este … la divulgación en torno a la importancia del glifosato para la agricultura, el mantenimiento de áreas públicas y privadas, entre otras, no debe entenderse como una defensa de una compañía. Bayer (Monsanto) no es la única empresa que usa el glifosato; muchas más lo hacen. Menciono algunas: Regan&Massey, Alligare Glyphosate 4+, entre otras. De hecho, debido a la presión de estas demandas, ahora están saliendo versiones de Roundup que han reducido el glifosato o que lo han sustituido por dicamba, que es más tóxico y tiende a ser más volátil.

Estamos hablando de la defensa de una tecnología que muchos agricultores agradecen, que permite alimentar el mundo y que, de las alternativas disponibles en el mercado, es la más amigable con el medioambiente, la más efectiva y barata.

Una vez más, recuerdo que comencé siendo antitransgénico y estaba en contra de Monsanto. Pero cuando estudié el glifosato a fondo, nunca entendí la guerra a un producto que es marcadamente inocuo y efectivo, en el contexto de la política ambientalista.

Ya es hora de pasar la página y no continuar explotando a las víctimas de cáncer, cuando toda la mejor evidencia que tenemos indica que el glifosato no es cancerígeno.

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Referencias

Andreotti, G., et al. 2018. Glyphosate Use and Cancer Incidence in the Agricultural Health Study. Journal of the National Cancer Institute 110, núm. 5 (mayo): 509-516. https://doi.org/10.1093/jnci/djx233.

Coase, Ronald H. 1959. “The Federal Communications Commission”. Journal of Law and Economics 2 (octubre): 1-40.

Coase, Ronald H. 1960. “The Problem of Social Cost”. Journal of Law and Economics 3 (octubre): 1-44.

IARC. 2017. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Vol. 112: Some Organophosphate Insecticides and Herbicides. IARC. https://publications.iarc.who.int/download/mono112.pdf.

Kirman, C. R. et al. 2022. “Meta-Analyses of Glyphosate and Non-Hodgkin’s Lymphoma: Expert Panel Conclusions and Recommendations”. Journal of Toxicology and Risk Assessment 8, núm. 1 (marzo): 044. https://doi.org/10.23937/2572-4061.1510044.

World Health Organization/Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO/WHO). 2016. Pesticide residues in food 2016 -Report: 2016— Special Session of the Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues. World Health Organization and Food and Agriculture Organization of the United Nations. http://www.fao.org/3/a-i5693e.pdf

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